Absuelve a dos jóvenes imputados en trueque de videojuegos.
C. Sanchez Almei, 18/03/2005 (13:30).

El pasado miércoles 16 de marzo, un representante de la SGAE declaraba en un debate televisivo que la actividad pública de "trueque" de obras intelectuales debía considerarse delictiva, vanagloriándose del cierre de diferentes páginas web que informaban sobre enlaces P2P. Sus afirmaciones con respecto a dos casos concretos no fueron contestadas, pero avanzo desde aquí que lo serán en sede judicial.

El intercambio de obras intelectuales, sin ánimo de lucro, ya ha sido perseguido en España. El día 13 de diciembre de 1998, un total de 272 agentes de policía bloqueó las ocho bocacalles que daban acceso al Mercado de Sant Antoni de la ciudad de Barcelona, en el curso de una redada contra las personas que intercambiaban obras intelectuales en dicho mercado.


Según informaba La Vanguardia el día 15 de diciembre de 1998, se detuvo a 115 personas, y los productos decomisados "llenaron camiones", según declaró un intendente. En la edición catalana de El País de 14 de diciembre de 1998 se informaba que familiares de los detenidos se concentraron frente a la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona, para reclamar su libertad.
"Padres de algunos de los jóvenes detenidos consideraron desproporcionada la actuación policial y afirmaron que sus hijos son sólo compradores de los videojuegos y que en ningún momento han vendido este material."

Asimismo se informaba que "algunas fuentes han relacionado la redada con la proximidad de las fiestas navideñas, periodo en el que se disparan las ventas de este tipo de productos. En este sentido, se apunta la existencia de presiones por parte de las empresas fabricantes de videojuegos, y de las distribuidoras,para acometer una acción contundente antes de que pase esta época de grandes ventas."

En fechas recientes se ha notificado una más de las muchas sentencias absolutorias dictadas en relación con dicho asunto. Dos personas, residentes en Cornellá, fueron sometidas a un procedimiento penal durante siete años, en el que se les solicitaba un año de prisión por delito contra la propiedad intelectual. Durante ese tiempo el material informático y los ordenadores que les fueron incautados perdieron todo su valor en los almacenes policiales.

Según se afirma en la sentencia, la prueba pericial practicada en fase de instrucción, se llevó a cabo con irregularidades procesales graves, prescindiendo de las normas procedimentales. La Juez de Instrucción acordó que la pericial no debía practicarse por el perito designado por la Acusación Particular, sino por la Policía Científica de Barcelona.

Contraviniendo lo acordado en resolución judicial, el Inspector policial, remitió el material intervenido a la Federación Antipiratería. "Ante esta irregularidad procesal en la practica de la prueba pericial, con abandono absoluto de las normas procedimentales dado que el informe pericial ha sido practicado por perito no nombrado judicialmente, sin que conste su aceptación y juramento del cargo, no procede sino tal y como arriba se ha expuesto, declarar dicha prueba sin efecto probatorio alguno."

Siete años. Como diría el Subcomandante, no hay mayor utopía que intentar sobrevivir en La Realidad.