"Esta es una demanda contra el presidente Chávez y su gobierno por crímenes contra la humanidad", dijo Romero.

Romero forma parte de un grupo de abogados que asisten a familiares de al menos 19 víctimas mortales por armas de fuego durante una marcha contra Chávez el 11 de abril del 2002 cerca del palacio presidencial, en el centro de Caracas.

La violencia derivó en el breve derrocamiento de Chávez, cuando un grupo de militares de alto rango lo responsabilizó de los sucesos y lo sacó del poder durante 48 horas.

Pero el mandatario, que regresó al cargo de la mano de tropas leales y de sus seguidores, ha culpado a sus adversarios por los muertos y los heridos que se registraron durante los hechos de violencia que rodearon su salida y regreso al poder en el mas clasico estilo stalinista.

Romero dijo que solicitó al tribunal investigar más de 20 casos de torturas desde el 2002, más de 40 muertes por motivos políticos, más de 50 casos de violencia física y cuatro casos de abuso sexual.

"Todos estos casos fueron motivados por razones políticas", agregó. La corte no confirmó si recibió la solicitud formal.

Grupos de derechos humanos han acusado al gobierno de Chávez de uso excesivo de la fuerza para controlar recientes manifestaciones que exigían la convocatoria a un referendo sobre la gestión del mandatario. Han denunciado casos de uso de armas de fuego, palizas torturas y asesinatos.

Chávez ha negado que se cometieran abusos, calificando a los manifestantes de subversivos armados, y elogiando la acciones de las fuerzas de seguridad que han quedado filmadas en varios videos de dominio publico mientras disparaban armas de fuegos y arreemetian en contra de los manifestantes desarmados.

La semana pasada, el Defensor del Pueblo venezolano admitió que las autoridades habían torturado a manifestantes detenidos durante las protestas, obligado a ello por los videos trasmitidos por los canales televisivos privados y despues de haberlo negado durante semanas, pero afirmó que no dispararon ni asesinaron a ninguno de ellos.

El funcionario pidió al gobierno del cual es parte investigar, pero también acusó a los líderes de la oposición de instigar la violencia y decir que las tropas y policía dispararon.

Adversarios de Chávez, elegido en 1998, lo acusan de estar incrementando la acción represiva y dictatorial, mientras el líder los califica de "oligarcas" apoyados por Estados Unidos que intentan derrocar su "revolución" en el quinto exportador mundial de petróleo.

La Corte Penal Internacional -fundada en 2002 para juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad-, sólo puede actuar si los tribunales nacionales no pueden o no lo hacen, y tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por ciudadanos de los países firmantes del tratado, dentro y fuera de esos países.

Venezuela es uno de los más de 90 países que han ratificado el tratado del tribunal. Decenas de países, especialmente Estados Unidos, han rechazado la corte.

PD: Ojalá mi pobre Venezuela recobre pronto su libertad y podamos salir de este gobierno ROBOLUCIONARIO Y ASESINO .